
Alice Goffman – A la fuga: Fugitive Life in an American City
[María Manuel Márquez Velásquez es candidata a LL.M. en Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público en la Universidad de Leiden. Licenciada en Derecho por la Universidad del Rosario, Bogotá-Colombia. Actualmente es Editora Estudiantil Asistente en Leiden Journal of International Law y Coordinadora del Grupo de Investigación en Teoría del Derecho Internacional Público de la Universidad del Rosario].
En 2005, durante la vigencia de la ley de amnistía argentina, España condenó al ex oficial argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión. Era la primera vez en la historia que un tribunal nacional procesaba y condenaba a una persona por crímenes de lesa humanidad cometidos en otro país. Cinco años después, la situación se invertiría al abrirse la primera causa contra la dictadura española.
En 2010, tras ser bloqueada por las autoridades españolas, dos víctimas del franquismo y varias ONG presentaron una demanda ante la justicia argentina por la presunta comisión de genocidio y crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1977. Los demandantes invocan el principio de jurisdicción universal contenido en el artículo 118 de la Constitución argentina y desarrollado en el artículo 5 de la Ley 26.200/06 para sostener la jurisdicción argentina y solicitar justicia.
Mesa redonda sobre prevención y radicalización con el Dr.
7 En otras palabras, aun admitiendo la existencia del papel que desempeñan los principios en el Derecho, bien podría ocurrir que, por la propia cuestión de los principios, el Derecho penal tuviera que configurarse exclusivamente sobre leyes claras y precisas con el fin de evitar la forma en que se regulaban las conductas en el Derecho penal premoderno.8
8Como señala MacCormick (1978: 57 y ss.), en el Estado moderno la legislación es, por excelencia, un proceso mediante el cual se producen normas válidas, es decir, normas que los ciudadanos deben acatar y que los jueces deben utilizar para justificar sus decisiones. Para que la legislación cumpla su función y establezca un marco normativo básico (es decir, las “reglas del juego” de una determinada comunidad), es fundamental que dichas normas posean autoridad y es habitual suponer que esta característica normativa deriva de la autoridad política del legislador. La autoridad del legislador, por su parte, se manifiesta en su capacidad para modificar voluntariamente el estatus deóntico de las acciones. A diferencia de la dimensión moral, uno de los rasgos característicos del Derecho es precisamente que sus normas pueden ser modificadas deliberadamente por las autoridades. En definitiva, el legislador, al decir que algo es obligatorio o permitido, altera el estatus normativo de las conductas.9
EVALUACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN NIGERIA
aborda cuestiones habituales en el ámbito de la delincuencia empresarial, como la aplicación de la legislación penal, la organización de los tribunales, la responsabilidad penal de las empresas, los plazos de prescripción, el inicio de investigaciones, los procedimientos de recopilación de información, etc.
Argentina es un Estado federal dividido en 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Cada una de las 24 jurisdicciones locales, junto con el Estado federal, tiene sus propias autoridades de aplicación de la ley y su propio código de procedimiento penal. En principio, el proceso penal es acusatorio, excepto en la jurisdicción federal, donde principalmente los jueces llevan a cabo las investigaciones (sistema inquisitivo). Es importante destacar, sin embargo, que el procedimiento penal federal está siendo modificado para cumplir con los estándares adversariales.
De acuerdo con lo anterior, los jueces federales o locales son las principales autoridades que pueden recibir una denuncia o tomar conocimiento de un delito, pero el juez necesitará el impulso inicial de un fiscal para abrir una investigación. Además, los fiscales pueden iniciar una investigación ante un juez si pueden aportar motivos preliminares o una sospecha razonable de la existencia de un delito.
Conferencia del CEDLA – Una teoría sobre el aumento de la delincuencia en América Latina
En Argentina, el principio de territorialidad establece que las autoridades de aplicación de la ley son competentes para investigar los hechos delictivos cometidos por nacionales o extranjeros en su territorio o dentro de su jurisdicción. La excepción a este principio se da en los casos en que las autoridades argentinas cometen delitos fuera de su jurisdicción territorial como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Cuando se violan los valores nacionales, la extraterritorialidad se justifica por el principio de defensa. Lo mismo se aplica a la persecución y castigo de delitos como el cohecho y los crímenes contra la humanidad.El Código Penal está siendo revisado. El proyecto de ley contempla modificar cómo se rige la jurisdicción y añadir los principios de nacionalidad y jurisdicción universal.
No existen normas especiales para iniciar investigaciones sobre delitos de cuello blanco. La denuncia puede presentarla tanto la víctima como cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un delito. Puede presentarse ante la policía, el fiscal o el juez. La investigación también puede ser iniciada de oficio por los fiscales, por investigadores especializados o por las unidades de prevención de la policía. En caso de que las autoridades tengan conocimiento de un hecho, deben investigar el asunto y proceder en consecuencia.